UNA VERGÜENZA MENOS Y UNA LIBERTAD MÁS

Bien podría decirse que ha comenzado otro recorrido al terminar el engorroso pleito de la Constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los 4 años del derrotero judicial, que el  Grupo desarrolló para resistir los cambios, a la par de las operaciones políticas y mediáticas contra el gobierno y contra todo pensamiento favorable a la plena vigencia de la ley, provenga de donde proviniere la expresión, han producido una sensación de que contaba con una impunidad absoluta para maniobrar al margen de la ley. Seguir ganando tiempo, dañar la gobernabilidad hasta límites obscenos y alimentar el deterioro institucional fueron los ejes sobre los que pivoteó el estado mayor sedicioso para alcanzar sus objetivos de retrotraer la situación al 2009. Los argumentos esgrimidos siempre fueron económicos, las referencias a la libertad de expresión estuvieron teñidas por la cuestión de los negocios, la rentabilidad del Grupo y los aspectos financieros cuestiones que gran parte de la sociedad decodificó como una pugna por la defensa de sus intereses más que por la defensa de intereses colectivos. Nunca pudo perforar esos márgenes porque llevó la pelea al terreno de lo material por sobre lo simbólico y cualquier ciudadano podía notar que cada información llevaba implícita la marca de  esa obsesión por el control del poder que le permitió crecer desmesuradamente aplicando la lógica construida de extorsión - alianzas tácticas – extorsión  como método de crecimiento económico. La lógica aplicada era sobre los gobiernos democráticos de los últimos 30 años porque durante la dictadura mantuvo una convivencia espuria que consistió en sometimiento a cambio de negocios. La visión mercantilista por sobre la periodística a la larga le permitió convertirse en un factor de poder clave y ser identificado como una entidad descomprometida de la sociedad,  permeable a todo lo que significara acrecentar su poderío y nivel de incidencia; una suerte de aquiescencia sagrada a la que siempre le iba bien mientras al resto le iba mal; al punto de lograr que un Estado debilitado del 2002 y al borde de su desintegración, salga en su auxilio económico (siempre económico) mediante una ley de Protección de Bienes Culturales, los del Grupo claramente y únicamente.

El Estado Democrático enfrentó el mayor desafío en términos de un ordenamiento más equilibrado de fuerzas al promover y sancionar la LSCA. Lo han llevado adelante poderes legítimos frente a un poder fáctico que hizo de la comunicación un negocio y subordinó a ese objetivo toda ética e hizo trizas el pacto de verisimilitud con tal de salvar  y acrecentar la enorme caja.

Quedará a su servicio el elenco estable de políticos porteños en su mayoría y venales por cierto,  que fue algo por el intercambio de favores. Una vieja guardia de periodistas que hace mucho tiempo resignó sus compromisos con la profesión para convertirse en una mojigatería corporativa y conspirativa que también han visto crecer sus patrimonios e influencias a la sombra del Goliat, ellos solos que se construyeron como una casta de vacas sagradas que se permitían discernir sobre réprobos y elegidos del universo del periodismo y que hoy fuera de esos cenáculos sin  más solidaridades que las propias suyas por haber hecho justamente durante casi 40 años la suya pensando que el mundo es así y que nunca va a cambiar sencillamente porque el mundo es eso que solamente ellos piensan.

Ya está. El aire se siente menos sofocante. Una sensación de más libertad y más democracia al transitar 30 años del día en que la voluntad popular se expresaba en las urnas para clausurar la dictadura más sanguinaria de la historia, que tuvo a muchos de estos personajes periodistas como serviles.

 Demasiado tiempo soportando la impunidad predadora de un pacman insaciable al que había que ponerle límites en defensa del interés colectivo.